Perspectiva de género en la normativa cooperativa
El miércoles 7 de abril se presentaron los resultados de la consultoría sobre la incorporación de la perspectiva de género en la normativa cooperativa.
La consultoría fue desarrollada en el marco del trabajo conjunto entre INMUJERES e INACOOP y contó con el apoyo del programa “Ganar-Ganar: La igualdad de género es un buen negocio” de ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea.
Tuvo como objetivo generar recomendaciones para que la reforma de la Ley General de Cooperativas (18.407) incluya la perspectiva de género.
De esta actividad, la cual se realizó de modo virtual, participaron las principales autoridades de INACOOP, su presidente Martín Fernández; su vicepresidente, Andrés Carrasco; la directora de INMUJERES Mónica Botero; la directora de ONU MUJERES Uruguay, Magdalena Furtado y la presidenta de CUDECOOP, Alicia Mainero.
Fernández resaltó que “la legislación es una construcción permanente que tiene que ir acompasando los tiempos de la sociedad”. Señaló que dentro del movimiento cooperativo se siente un enorme orgullo por la Ley 18.407, al tiempo que indicó que la misma ya tiene casi 13 años y hay que incorporarle más datos de la realidad. “Es necesario incorporarle una perspectiva de género”.
Por su parte, Carrasco, vicepresidente del Instituto remarcó que “en un mundo como el de hoy es muy necesario para lo que es el abordaje de la resolución de problemas y toma de decisiones, tener amplitud en todo sentido, y agregó que “esta amplitud en la perspectiva de género hace que se tomen mejores decisiones, que todo se resuelva de un modo más amplio y acertado”.
Señaló como un eje central la corresponsabilidad de los cuidados, lo identificó como un factor esencial para la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y como un factor para la equidad en las posibilidades de acceso y en la remuneración.
La responsable del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, resaltó la importancia de que decenas de miles de cooperativistas hayan manifestado a través de sus representantes, estar dispuestos a revisar los procesos de toma de decisiones y funcionamiento en todo el movimiento cooperativismo con perspectiva de género.
“Es una decisión muy audaz, implica haber asumido correr un riesgo importante, implica haber puesto en juego la forma en que se distribuye y administra el poder, y eso me parece lo más revolucionario y más verdadero, cuando se decide incluir la perspectiva de género en una organización, en este caso, un enorme movimiento que llega a todos los puntos del país”.
Alicia Mainero, presidenta de CUDECOOP, expresó que la ley del cooperativismo tuvo una gran importancia y “logró cambiar la visión que el país tenía del cooperativismo”. “El sistema cooperativo necesitaba tener una ley que englobara todo el sistema”, y agregó que la misma no contempló en su momento la perspectiva de género.
Subrayó la importancia de que hoy se trabaje con intensidad para incorporarla a la misma, y remarcó que “hay que destacar que el movimiento cooperativo tomó la decisión de analizar qué reformas son necesarias dentro de la ley”. Culminando sus palabras puso de manifiesto el absoluto compromiso de la Confederación para que el tema género transversalice a toda la ley.
Terminando las oratorias, Magdalena Furtado, presienta de ONU MUJERES URUGUAY indicó que se realizó un análisis exhaustivo de los estatutos para realizar sugerencias de cambios a esos modelos.
Sostuvo también que en el análisis realizado para un estudio que se denominó, “El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión”, el cual analizó el lugar que ocupaban las mujeres en los cargos de toma de decisión en diferentes espacios, incluido el movimiento cooperativo, detectó que en este último solo un 25 % de los espacios de dirección son ocupados por mujeres. Por tanto, consideró de gran importancia este paso que se da en busca de incluir la perspectiva de género en todos los espacios del cooperativismo.
A continuación adjuntamos algunas de las observaciones y recomendaciones centrales presentados por el estudio.
Recomendaciones para la Ley 18.407
La consultoría recomienda que la normativa promueva la inclusión de la sensibilización y formación en género. Se propone asignar el 2 % del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa a la formación en temáticas de género.
A su vez, se propone que se implementen diversos mecanismos que permitan la participación de las mujeres en iguales condiciones que los varones, apostando a la corresponsabilidad en los cuidados.
En cuanto a esto, se plantea que las cooperativas de vivienda por ayuda mutua consideren el tiempo que las personas destinan a los cuidados durante la etapa de la construcción.
En otro orden, se expone como necesaria la creación de un espacio institucional que asesore y actúe en casos de violencia basada en género y acoso sexual. Se busca incorporar como causal de suspensión o expulsión de un socio haber cometido actos de acoso sexual comprobados, tanto entre socios/as como entre socios/as y trabajadores/as, y actos de violencia doméstica o de género en que se hayan producido lesiones graves, tentativa de homicidio, homicidio, tentativa de femicidio o femicidio.
Por otro lado, la consultoría aconseja utilizar lenguaje no sexista que reconozca y visibilice a las mujeres y sus realidades, y que no reproduzca estereotipos sobre lo femenino ni subestime a las socias y sus ámbitos de desarrollo.
Recomendaciones en los estatutos cooperativos
Este documento incluye cambios para los modelos de estatutos de cooperativas de trabajo, agrarios y vivienda. Se sugiere que estos modeles incorporen en su objeto la promoción y aseguramiento de relaciones de género y condiciones de trabajo igualitarias sin discriminación.
En relación a las cooperativas de vivienda, plantea priorizar, en la provisión y adjudicación de vivienda vacante, a quienes tengan hijos/as menores a cargo o personas con discapacidad o dependencia a cargo o se encuentren en situación de violencia doméstica debidamente comprobada.
Otro tema importante que toca la consultoría es la participación igualitaria en los espacios de decisión. Aquí se plantea que los Consejos Directivos, Comisiones Fiscales, Asambleas Generales y otros órganos de igual jerarquía, aseguren la representatividad por sexo.
